Caribe Investigación
27-08-23
La guerra por el control de la Troncal del Caribe, representada por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta (ACSN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), suma más de 10 años de afectaciones humanitarias y de violaciones a los derechos humanos para las poblaciones radicadas entre Santa Marta y Riohacha.
Como bien señaló la Defensoría del Pueblo mediante su Alerta Temprana de Inminencia 025-2023 del 21 de junio de 2023, los principales afectados son niños y niñas, adolescentes y jóvenes, indígenas, comerciantes, docentes, transportadores, defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales, población migrante y socialmente estigmatizada, pescadores, entre otros.
Esta Alerta Temprana advertía también que la guerra entre estas dos organizaciones incidió en el aumento de homicidios selectivos y masacres, amenazas mediante las mal llamadas “limpieza social”, extorsiones a diversos sujetos y sectores durante el primer semestre de 2023.
Lo anterior “se enmarca principalmente en comunidades de Riohacha y Dibulla, en La Guajira; debido a que se están presentando enfrentamientos (entre las AGC y ACSN) con el fin de ejercer su control social-territorial en las comunidades anteriormente mencionadas”, señaló un informe reciente de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Según la OCHA, durante el primer semestre de 2023, en La Guajira se han desplazado 137 personas individualmente. Los municipios de mayor incidencia fueron Dibulla con 35 personas desplazadas (26 % del total), Riohacha con 27 personas (20 %) y Maicao con 25 personas (19,5 %).
Otra de las advertencias que hace la Defensoría es sobre el uso, utilización y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes no solo en el corredor Troncal del Caribe, sino en todo el departamento.
Durante este primer semestre, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reportó 184 personas víctimas del conflicto armado en el departamento, de las cuales 44 % son niñas, niños y adolescentes; de las 137 personas desplazadas, 45,3 % son niños y adolescentes.
Esto, en resumidas cuentas, nos habla de un laboratorio de guerra que se ha perpetuado durante la última década. Y se asoma peligrosamente a las cercanías de la capital guajira.
Dibulla-Riohacha, centro de la disputa
La Alerta Temprana del pasado 21 de junio se centra en Dibulla-Riohacha por el incremento notorio de la violencia. Para Riohacha identifica las localidades afectadas de la siguiente manera: en la cabecera municipal, y en los corregimientos Camarones (veredas Perico, Boca de Camarones, La Trinidad, Las Delicias, La Gloria y El Horno), y Tigreras (veredas Ebanal, Pelechua y Puente Bomba).
En cuanto a Dibulla, la Defensoría identifica la cabecera municipal y los corregimientos Las Flores, Punta de los Remedios, Mingueo, Río Ancho y Palomino.
Durante el primer semestre se registraron siete asesinatos (modalidad sicarial) en Riohacha y nueve en Dibulla, para un total de 16 “homicidios selectivos”.
En general la Defensoría del Pueblo identificó cuatro factores que “interactúan para profundizar los riesgos para la población”. Se mencionan a continuación:
- El histórico control de las ACSN sobre la troncal y la incursión de las AGC para disputarle el dominio. 2. Reestructuración o reconfiguración de ambos grupos que inciden en nuevos repertorios violentos para garantizar el sometimiento de sus integrantes, legitimidad en las poblaciones y control territorial. 3. Utilización del terror como mensaje de poderío sobre el adversario y para el sometimiento y control de la población. 4. Constreñimiento al liderazgo social y defensa de derechos humanos y ambientales.
En resume, la guerra a muerte entre las AGC y ACSN se ha caracterizado por la ejecución de homicidios selectivos y masacres, utilización de métodos y medios para ocasionar terror, reclutamiento e instrumentalización de jóvenes, señalamientos y estigmatizaciones (“limpieza social”), mecanismos de control social o gobernanza criminal.
Hechos recientes
Hasta hace dos semanas ese era el escenario conocido por la opinión pública. Hechos recientes agravan la situación para Riohacha, y el contexto en general nos indica que la lucha intestinal va más allá del control del territorio como espacio privilegiado para la obtención de rentas (por exportación de drogas o extorsión en general).
El martes 15 de agosto circuló por redes sociales un vídeo de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, en el cual aseguraban estar patrullando en el corregimiento Tigreras con dirección al corregimiento Matitas, zonas rurales de Riohacha.
Ese mismo día El Heraldo registró un enfrentamiento entre el Ejército y un “grupo armado” en Tigreras, sin especificar el origen de la agrupación. Otra nota de prensa del Diario del Norte habla de enfrentamientos entre Ejército y el Clan del Golfo, con seis capturados de esta organización.
Dos días antes, en la misma localidad, fue asesinado en un ataque sicarial el joven Jhon Jairo Sánchez. Ese mismo día, durante la mañana, hombres armados se habían llevado en contra de su voluntad a tres jóvenes, quienes fueron devueltos al mediodía.
A menos de una semana, el pasado miércoles 23 de agosto, fueron encontrados en Comejenes (zona rural de Riohacha, cercana a Tigreras) los cuerpos de dos jóvenes baleados. De nuevo las versiones variaron entre la prensa regional.
Guajira News aseguró que se debía a enfrentamientos entre el Clan del Golfo (AGC) y Los Pachencas (ACSN).
Lo cierto es que un editorial del 26 de agosto del Diario del Norte reseñó el desplazamiento de 47 familias (139 personas) de los corregimientos Matitas y Tigreras hasta la ciudad de Riohacha “buscando protección de las autoridades” o huyendo de los enfrentamientos entre las AGC y las ACSN.
Consideraciones
En otras ocasiones hemos insistido en que el fenómeno de la violencia en el Caribe no se debe limitar a la guerra entre paramilitares por el control de las rutas del narcotráfico.
Se debe recordar que existe el proyecto de construcción de la línea férrea de más de 300 kilómetros entre Chiriguaná (Cesar) y Dibulla (La Guajira), que bordeará la cordillera oriental de la Sierra Nevada hasta a Puerto Brisa, en Dibulla.
Bastante cobertura ha recibido el proyecto, pero muy poco se ha analizado el impacto medioambiental, social y de movilidad que podría tener sobre la región.
Desde 2020 se conocen los reparos y protestas de la comunidad wayuu La Ceibita-Macedonia por el proyecto de construcción de la mega cárcel de Riohacha, que afectaría su derecho al territorio, y tendría un impacto cultural y espiritual sobre la población.
Uno de los líderes de la organización Nación Wayuu, que acompaña el proceso de la comunidad La Ceibita-Macedonia, José Silva Duarte, fue víctima de un atentado a bala a inicios de 2022.
Mientras que una reconocida líder de esta comunidad, Yeisi Iguarán Ballesteros, también sufrió un atentado en febrero del mismo año y recibió amenazas de muerte en octubre pasado.
En los últimos meses, el Movimiento Social Indígena Sumainwayuu, con trabajo de base en nueve comunidades wayuu de Riohacha, ha denunciado desalojos y despojos del territorio en las comunidades Potrerito, Wayucaso y Acachamejia; autorizados por el Distrito, con amedrentamiento de la Policía y amenazas de grupos armados no identificados.
El objetivo del despojo, según la denuncia, es la construcción de un proyecto urbanístico de 1.300 apartamentos, y la fallida y enredada construcción de la laguna de oxidación del municipio en las inmediaciones del Resguardo Indígena Santa Rosa y del Arroyo Guerrero, que afectará la vida del arroyo y de más de 40 comunidades wayuu.
Toda la violencia paramilitar que golpea a Dibulla y Riohacha responde a una estrategia de control territorial para el trasiego de drogas y armamentos, movilidad camuflada de tropas, captura de rentas ilegales, pero va más allá del narcotráfico.
Lo mismo sucede con la violencia e inseguridad en la zona costera y el área metropolitana de Barranquilla. Beneficia a los capitales privados que administran los proyectos de infraestructura más grandes de los últimos tiempos: APP del Río Magdalena, puerto de aguas profundas Bocas de Cenizas, Ecoparque de la Ciénaga de Mallorquín, metro ligero, entre otros.
Existe un proceso de gentrificación o desplazamiento (violento) de las poblaciones pobres y/o vulnerables; éste facilitará el desarrollo de distintas obras de infraestructura (urbanísticas, mineras, turísticas y de transporte).
No es casual entonces que la violencia, el sicariato, extorsión, el paramilitarismo, guerra entre bandas, se intensifique en territorios ricos en minerales o estratégicos para el desarrollo de obras de todo tipo.
Y es lo que viene sucediendo entre Dibulla y Riohacha: comunidades enteras han sido desplazadas o neutralizadas a través del terror paramilitar, sin comprometer la legitimidad del Estado y sus Fuerzas Militares, ni los recursos del gran capital para frenar protestas o luchas ambientales y territoriales.
