Aproximaciones a la agenda pública del Caribe XXXIII
El panorama para la defensa de los derechos humanos sigue siendo desalentador tanto en el país como en el Caribe. Que hayan muerto 55 niños por desnutrición en La Guajira habla de la necesidad de superar una crisis estructural e histórica. San Basilio de Palenque logró un hito: entró en vigencia resolución que reconoce titularidad colectiva de comunidades negras.
Caribe Investigación
23-10-23
1. Líderes sociales en riesgo.
El pasado jueves el Programa Somos Defensores presentó el primer informe semestral de 2023 sobre agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia.
“De enero a junio de 2023, el programa confirmó 85 asesinatos de defensores de derechos humanos, cifra que representa una caída del 14% con respecto al mismo período de 2022, cuando se registraron 99 homicidios”, cita el diario El Espectador.
Si se compara el resultado del primer semestre de 2023 con respecto a 2022, hubo un incremento de 6 % en el total de agresiones.
“Aunque se haya presentado una disminución, los 85 asesinatos continúan siendo la manifestación de una realidad aterradora”, reza el informe citado por El Espectador.
En total el registro habla de 466 agresiones, entre amenazas, homicidios, atentados, desplazamientos, desapariciones forzadas, secuestros, judicializaciones, detenciones arbitrarias y robos de información.
Los departamentos con más casos de asesinatos son Cauca (con 17 hechos), Valle (7) Antioquia (6), Nariño (6), Cesar (5), Arauca (4), Bolívar (4), Córdoba (4) y Norte de Santander (4).
Alarmante el incremento de varias agresiones. Los atentados aumentaron 93 % (52 casos); desplazamientos forzados 50 % (21); desapariciones forzadas incrementaron 13 % y las detenciones arbitrarias 250 % con siete hechos.
El registro más actualizado es el de Indepaz. Entre el 1 de enero y el 20 de octubre reseñaron 134 líderes sociales asesinados en el país, de los cuales 32 corresponden al Caribe.
Mal augurio para este domingo.
2. Los retos del Caribe.
Difícil prever los resultados electorales del Caribe para el próximo domingo. Es muy probable que ni siquiera sorprendan, o cambie la balanza en el manejo del poder.
Los partidos tradicionales y familias o clanes políticos estarían entonces a un paso de asegurar la mayoría en los cargos de elección popular.
En primer lugar porque mantienen desde hace décadas un férreo control de las finanzas públicas de la región, cooptación y manejo clientelar casi que absoluto del Estado, y una grotesca aunque muy pragmática y efectiva forma de tranzar alianzas para mantenerse en el poder.
Varias figuras o clanes están salpicados por hechos de corrupción, alianzas con paramilitares y narcotráfico, compra de votos. Esto no se traduce en voto castigo necesariamente.
Ejemplo palpable de lo anterior es la victoria casi segura de Alex Char en Barranquilla, a pesar de las denuncias de corrupción, alianza con el narcotráfico, compra de votos en la que su familia está implicada.
Con respecto a Cielo Gnecco y el poder de su familia en el Cesar, nadie se atreve a adelantar resultados.
Si se aplicase con rigor el Código Penal, o más bien funcionara la justicia, al ex senador Arturo Char lo acompañarían no solo su hermano, sino otras figuras de partidos y familias políticas del Caribe. El escenario electoral tal vez sería distinto.
La curul de la paz correspondiente a la Serranía del Perijá y Sierra Nevada quedó en manos del hijo del ex comandante paramilitar Jorge 40, gracias a la influencia y participación activa del clan Gnecco y a la anuencia del Gobierno de Iván Duque, como expuso detalladamente Yohir Akerman en su columna en Cambio el pasado 14 de octubre.
Es muy diciente el informe de candidatos cuestionados presentado por la Fundación Pares el pasado mes de julio. Entre los departamentos con mayor cantidad de candidatos cuestionados se encuentran Antioquia (5), Magdalena (4), Bolívar (2) y Córdoba (2).
Las alcaldías con mayor cantidad de candidatos cuestionados también están lideradas por el Caribe. Sincelejo con cuatro candidatos cuestionados; Cartagena con tres; y Maicao con tres.
El voto en blanco se asoma tímidamente en Barranquilla como una opción para rechazar la politiquería, corrupción y continuismo del Clan Char. Ojalá el resultado por lo menos dé una lección o golpe de opinión.
Previo a las elecciones al Congreso de 2022 se expresó una violencia sobre el territorio parecida a la que hemos vivido en los últimos tres meses: amenazas a líderes y candidatos, expansión paramilitar o estados de sitio, prohibición de movilidad y de ejercicio de campaña de poblaciones, que en todo caso favorecen a los candidatos proclives al Establecimiento.
En días recientes se registraron dos atentados contra dos candidatos en los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca, en La Guajira.
Uno de los departamentos con mayor riesgo electoral es Sucre, según investigaciones de la Misión de Observación Electoral (MOE). Ocho municipios se encuentran en riesgo: en alto riesgo figuran Colosó, Chalán, Ovejas y Sincelejo; y en riesgo medio San Benito, Morroa, El Roble y Coveñas.
Son las noticias que destacan las últimas semanas. Lamentable que poco se conozca sobre las propuestas de gestión de gobierno o legislación de los candidatos, o que éstas queden empañadas por la ola de violencia o los ataques sin cuartel entre candidatos.
Ética política
Con los resultados electorales del Pacto Histórico en las elecciones al Congreso y las presidenciales de 2022 en lo que respecta al Calibre, se preveía un escenario bastante favorable para las fuerzas y movimientos alternativos para este 2023.
Sin embargo, distintos análisis señalan que la violencia e inseguridad durante todo 2023 sirvió como catalizador de las campañas de la derecha en la región; a pesar de los esfuerzos y discurso de paz del Gobierno nacional en todo el país.
Esto sin mencionar que de parte del Pacto Histórico tampoco hubo acuerdos generales sobre candidaturas en el Caribe, habida cuenta del escándalo en el que estuvo involucrado Nicolás Petro.
En el plano electoral se diluye entonces esa fuerza alternativa que votó por una opción de gobierno y de vida en 2022, en rechazo al hambre, corrupción, desastre ambiental.
Aunque esto no significará una derrota definitiva para el movimiento alternativo debe servir para insistir en hacer política desde la ética y el compromiso con lo común, seguir apostando a la paz desde una perspectiva participativa, garantizar los derechos básicos de los caribeños para dignificar su vida y construir propuestas económicas distintas a las que hasta ahora solo han dado resultados a una élite.
3. Los niños de La Guajira.
Entre enero y septiembre de 2023, 55 niños y niñas menores de cinco años murieron por la crisis de seguridad alimentaria que atraviesa el departamento de La Guajira, según las últimas cifras entregadas por el Instituto Nacional de Salud (INS).
Destaca el INS que 93 % de los niños pertenecía a comunidades indígenas.
Durante este período se registraron 1.993 casos de desnutrición aguda y moderada en niños y niñas, lo que coloca a La Guajira como el segundo departamento con mayor número de casos.
Los más afectados fueron niños que habitaban en zonas rurales (83,9 %). Las cifras son escandalosas. La crisis humanitaria de La Guajira no da espera.
4. La orden de Mindefensa.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordenó a la Fuerza Pública combatir a las organizaciones paramilitares del Caribe, luego de celebrar dos consejos de seguridad en Santa Rosa (Bolívar) y Santa Marta (Magdalena).
Velásquez aseguró que la mayor cantidad de homicidios en el Caribe “está mediada por el narcotráfico o la confrontación entre las llamadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo (AGC), con la pretensión de tener el control de rutas”.
Resaltamos tres puntos. Aplaudimos la determinación del ministro de Defensa para reconocer que la violencia paramilitar mantiene en estado de sitio a regiones enteras de estos dos departamentos.
Esto le da peso a las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten desde hace varias semanas sobre la connivencia entre las AGC y militares en el sur de Bolívar para combatir al ELN, y el impacto de las confrontaciones en las poblaciones de esta región.
La voluntad de paz anunciada por las ACSN y las AGC debe manifestarse en actos concretos.
Para ello, en los distintos procesos de paz que se puedan –y deben- adelantar con estos actores, deben participar todos los sujetos sociales de la región. No se puede superar una guerra con acuerdos firmados entre fuerzas beligerantes, con la ciudadanía de espaldas a lo que se dialoga y acuerda.
5. La victoria de San Basilio de Palenque.
Celebramos con beneplácito la victoria del Consejo Comunitario de Ma Kankamaná de San Basilio de Palenque, al lograr que el Estado colombiano reconozca formalmente su territorio, comprendido por 3.218 hectáreas de tierra donde han vivido históricamente estas comunidades.
Aunque la lucha por este reconocimiento data de décadas, no fue sino antes de 2008 que se hizo la solicitud formal de titulación colectiva para esta comunidad, y en 2012 se expidió la resolución.
Por inconsistencias técnicas y falta de voluntad política de los gobiernos de Santos e Iván Duque, este logro no había podido materializarse.
Es justo reconocer que de no ser por el Gobierno del Cambio, esta noticia no hubiese sido posible. Luego de varias reuniones entre comunidades negras y Gobierno, evaluaciones técnicas y formales, la resolución de 2012 cobró vida.
“El título colectivo es un logro significativo para la comunidad Palenquera. Se trata de una resolución inalienable, imprescriptible e inembargable que asegura que Palenque siga existiendo en Colombia, preservando su territorio como un pueblo negro libre”, escribe El Tiempo en nota de prensa.
