Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (XXXII)
La agenda pública del Caribe colombiano ha sido variada esta última semana. El presidente Gustavo Petro anunció que los decretos de emergencia para La Guajira serán presentados al Congreso de la República. La orden de captura en contra de Cielo Gnecco provocó un “terremoto en el Cesar”, y refleja la podredumbre de los clanes políticos del Caribe. Sentencia contra Argos es histórica: debe devolver 20 predios a 14 familias afectadas por guerra entre las FARC y las AUC en San Onofre, Sucre.
Caribe Investigación
16-10-23
1. Superar la crisis de La Guajira.
Luego de que en julio el presidente Gustavo Petro firmara los decretos de emergencia económica, social y ecológica para superar la crisis humanitaria que sufre La Guajira, intereses mezquinos de varios sectores coincidieron en una campaña manipuladora y mordaz.
El sector minero y las EPS, principalmente, atacaron con ferocidad los decretos; el primero ha dejado un alto impacto social y ambiental en La Guajira, mientras que las EPS han estado envueltas en escándalos de todo tipo sin que puedan presentar ante la opinión pública una gestión decente.
Los medios regionales acompañaron la matriz anunciando “intervencionismo” y desproporción” en las medidas, a la cabeza de la campaña estuvo la procuradora Margarita Cabello, la Corte Constitucional saldó el asunto declarando “inexequible” los decretos, es decir, terminaron de tumbarlos.
Pueden existir diferencias de método y enfoque con el Gobierno nacional, es parte de la democracia disentir. Figuras y organizaciones distintos a los sectores de poder hicieron propuestas muy bien pensadas para fortalecer y/o corregir los decretos.
Negar que la crisis humanitaria de La Guajira sea estructural y amerite intervención urgente, es un crimen.
Por ello, desde Caribe Investigación celebramos que el presidente Gustavo Petro anuncie el trámite de los decretos ante el Congreso de la República. Consideramos pertinente, eso sí, que el Gobierno sume al debate las propuestas de individualidades y organizaciones defensoras de derechos humanos y del ambiente.
Para superar la crisis humanitaria en La Guajira hace falta el concierto de todos los sectores sociales, económicos y políticos del departamento.
2. Argos y el despojo de tierras.
El Tribunal Superior de Cartagena tomó una decisión histórica en el marco de la restitución de tierras en el Caribe colombiano: le ordenó a la empresa forestal Tekia, filial de la cementera Argos, devolver 20 predios a 14 familias que vendieron sus tierras durante la guerra entre las FARC y las AUC en San Onofre, Sucre.
La historia ya es conocida. Empresarios antioqueños inescrupulosos aprovecharon el terror que sufrían los campesinos ante la guerra encarnizada entre guerrilla y paramilitares, para comprar a precio de huevos tierras productivas que luego convirtieron en un proyecto agroindustrial de teca.
Hasta la fecha suman, léase bien, 20 sentencias en contra de Argos. En ninguno de los casos ha podido demostrar buena fe exenta de culpa.
Como bien lo dijo el director de la Unidad de Restitución de Tierras en Bolívar y Sucre, Mauricio Martínez Rivillas, “con el fallo queda demostrado que el acaparamiento de tierras para implementar proyectos que impactan y cambian de manera significativa el uso del suelo, también es una modalidad de despojo”.
El columnista Alfredo Molano Jimeno, en el artículo “Argos y la tierra prometida”, publicado la semana pasada, aseguró que la compra fraudulenta la hicieron “acudiendo al llamado del entonces presidente Uribe, que le pidió al curubito antioqueño invertir en esta región, golpeada por 70 masacres registradas en la zona entre 1996 y el 2000, según el Centro Nacional de Memoria Histórica”.
Más delante, Molano agrega un dato no menor: “tenían alguna ventaja estratégica, pues conectan los Montes de María con el golfo de Morrosquillo”. Es decir, no solo contribuyeron con el despojo de tierras fértiles sino que comprendía la ubicación geoestratégica de éstas.
En septiembre de 2015, en coatoría con Diana Durán, Molano publicó “Los reclamos de tierras a Argos”, pese a la “terrible presión que ejerció el Grupo Argos”, según confesó Molano el sábado pasado en su red social X.
Otras dos noticias positivas acompañan esta decisión histórica. La recuperación que hiciera el Gobierno de tres lotes baldíos más en Islas del Rosario, Cartagena, para un total de 11.
Y la convocatoria masiva que hiciera la Agencia Nacional de Tierras para actualizar “datos de solicitantes de tierras o títulos de propiedad de sus predios, que iniciaron su proceso en años anteriores, algunos desde 1.960, y cuyas solicitudes reposaban en el archivo documental de la entidad por no haber sido resueltas en su momento”.
3. Los clanes mafiosos del Caribe.
Los clanes políticos del Caribe, desprestigiados desde hace años por distintos hechos de corrupción y devenir criminal, comienzan a ser alcanzados por la justicia: la orden de captura emitida contra el exsenador Arturo Char del Atlántico y contra la matrona Cielo Gnecco del Cesar, son dos muestras concretas.
Se suma a la noticia de Cielo Gnecco, la acusación formal que hiciera en días pasado la Fiscalía General en contra de su hijo el gobernador titular del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, por irregularidades cometidas en el manejo del PAE durante la primera administración que ejerció éste en el departamento.
En el contexto electoral presente, lo de Cielo Gnecco ha provocado un “terremoto” político en el Cesar, según diversos articulistas y medios. Aunque ninguno se atreve a afirmar que la orden de captura provocará un definitivo cambio de rumbo político en el departamento.
A los Char le aseguran la victoria electoral a pesar de los señalamientos en contra de Arturo y Alex Char, a los Gnecco los ponen en duda. ¿Tanto poder manejan?
Rescatamos algunas ideas del columnista de Radio Guatapurí, Enrique Herrera, para intentar comprender lo que sucede en Cesar:
“Mucha gente vota por lealtades tribales y por los favores recibidos sin importarle si el candidato y su combo es corrupto o algo peor. Además, cuando se tiene una conexión emocional con un líder, partido político, creencia o ideología, la lealtad decide por ellos y desde ahí, justifican lo injustificable y no cambian el voto”.
Y esto es lo que los Char aplican en el Atlántico desde que asumieron el poder político del departamento. Y es lo que han levantado los Gnecco en el Cesar durante más de 20 años.
Herrera también afirma:
“Los resultados pueden cambiar si el relato de Claudia Margarita predomina, si logra conectarse con los valores y sentimientos de la ciudadanía y si le pone voz a lo que la gente calla y claro, dependerá, también, de lo que dure el episodio de Cielo Gnecco porque, las campañas políticas para que cautiven a la audiencia deben ser una serie de Netflix y en este sentido, tener fuerza narrativa y dramática, suspenso, sorpresas y giros inesperados”.
Parapolítica
Al desprestigio de los Char y Gnecco se suman políticos de Sucre por sus alianzas con paramilitares. No es nueva la parapolítica en el Caribe, pero cobra importancia por las recientes declaraciones del desmovilizado de las extintas AUC, Samir Antonio Otero De la Ossa, alias Computador.
Computador “ratifica la más reciente versión del exgobernador de Sucre ante la JEP, Salvador Arana Sus, que da cuenta de las relaciones del excongresista y diputado sucreño Gabriel ‘El Bayo’ Espinosa, padre del actual gobernador Héctor Olimpo; del concejal de Sincelejo, José David González Villamizar” con los paramilitares, reseñó El Heraldo en nota de prensa.
La aspirante a la gobernación de Sucre por el liberalismo, Lucy García, también fue salpicada por las declaraciones del ex paramilitar.
4. El sur de Bolívar y el boicot a la paz.
Desde hace varias semanas la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo y la Región de Los Dos Ríos, entre otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, han denunciado avanzadas de paramilitares de las AGC en el sur del departamento Bolívar, donde hace presencia histórica la guerrilla del ELN.
La emergencia humanitaria actual se registró en el municipio Morales, en los sectores Mina Café, Bolivador y Mina Gallo, ya que a partir del 10 de octubre se dieron combates entre las AGC y el ELN, lo que ocasionó el desplazamiento de más de mil personas de distintas localidades.
Desde entonces, no ha habido respuestas ni apoyo alguno por parte de las alcaldías de Santa Rosa y de Morales ni del Gobierno nacional, según denunció la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol).
Tanto la Corporación Jesús María Valle como Fedeagromisbol denunciaron además que las AGC está señalando a miembros de la federación de ser “el principal instrumento que usan (las Farc y el ELN) cava dez que hay combates con nuestras tropas, para que el Estado ingrese a la fuerza pública a defenderlos”.
También señalan a las AGC de utilizar a las comunidades como escudo para protegerse en las avanzadas contra el ELN.
Esta crisis tiene un contexto. La incursión paramilitar de las AGC comenzó en Santa Rosa del Sur, región de Guacomó (Bolívar), y se registró el pasado 30 de septiembre según denuncia de la Corporación Jesús María Valles.
Detallaron en aquella ocasión que la incursión en el territorio inició el 5 de agosto pasado, justo cuando finalizaron los sobre vuelos del Ejército Nacional con aviones y helicópteros.
Varias consideraciones y alertas queremos hacer en defensa de los derechos humanos y de la paz.
1. Rechazamos cualquier señalamiento en contra de los líderes sociales, campesinos, mineros y defensores de derechos humanos del sur de Bolívar. Relacionarlos con las guerrillas es una vieja táctica para justificar el arrase de los territorios.
En todo el país están tratando de imponer esta matriz de opinión demonizadora. La semana pasada la prensa nacional, de manera irresponsable citó “informes de inteligencia” para asegurar que grupos armados “tienen escuelas de entrenamiento para guardias campesinas”, como tituló el portal Infoabe.
2. A partir de los que sucede en el sur de Bolívar, y de estas graves estigmatizaciones que hace la prensa nacional, solo es posible ratificar que existe en curso una campaña para deslegitimar las luchas por la tierra y la reforma agraria.
3. Con respecto al sur de Bolívar también se ha denunciado connivencia entre las AGC y el Ejército para combatir y desplazar al ELN.
Esto demuestra que existen sectores guerreristas a lo interno de la fuerza pública saboteando y boicoteando el cese bilateral al fuego firmado entre el Gobierno de Petro y la guerrilla del ELN.
