Caribe Investigación
11-09-23
En esta semana sucedieron hechos importantes en el Caribe. De un lado, la noticia sobre la orden de captura de Arturo Char, delfín del poderoso clan Char. De otra parte, la dinámica territorial y política de los próximos meses para el trienio (2024-2027), ya que todos los municipios y ciudades girarán en torno a los planes de desarrollo territoriales. La realidad del Caribe también estuvo signada por las continuas movilizaciones de las poblaciones para exigir derechos y otras, como las del Urabá, se dieron para seguir construyendo trazos de reforma agrarias.
1. Contexto nacional
Crece el debate sobre la movilización campesina para avanzar en la reforma agraria y el fortalecimiento del paramilitarismo como instrumento de defensa de la propiedad, la gran concentración de la tierra y el genocidio.
Gran controversia ocasionó la carta firmada por José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), en la cual plantea a los ganaderos fortalecer las asociaciones agrarias locales y las brigadas solidarias ganaderas para enfrentar la movilización campesina nacional y la formación de los comités de campesinos municipales anunciados por el Ministerio de Agricultura.
Según declaraciones recogidas por El Espectador el 6 de septiembre, la respuesta del presidente Gustavo Petro -al conocer el contenido de la carta- fue tajante: “los invitan al paramilitarismo”, respondió el mandatario.
Petro aclaró que el acuerdo de reforma agraria implica también que “el campesinado hable, se exprese y solicite sus derechos. Así como los grandes poseedores improductivos de la tierra tienen sus voceros y se expresan así también el campesinado tiene el derecho de hacerlo”.
Lo que se asegura para los ricos hacendados debe hacerse para la población campesina, agregaríamos nosotros.
Un ejemplo de lo planteado por el presidente fue la celebración de la primera Asamblea Popular Campesina en Apartadó (Urabá antioqueño), en la cual participaron más de 4 mil campesinos de los municipios de Chigorodó, Carepa, Mutatá, entre otros.
En ese contexto la Agencia Nacional de Tierras entregó los títulos de 142 predios (372 hectáreas) a 131 familias de Apartadó, Necoclí, Turbo, San Pedro y San Juan de Urabá; familias que trabajaron parte de su vida sin ningún documento que los acredite como propietarios.
Esta fue la primera de 24 asambleas que se celebrarán en el mes de septiembre como espacios de participación y apoyo a la reforma agraria, y concluirá con una gran movilización nacional campesina programada para el 27 de este mes.
Y este “músculo” social -legítimo y constitucional- reforzó la resistencia de los grandes ganaderos, terratenientes y sectores de poder, quienes han rechazado históricamente la democratización del acceso a la tierra, y usaron sus resortes mediáticos para relacionar las movilizaciones campesinas con grupos ilegales.
Solo de esa manera puede entenderse las declaraciones de Lafaurie, quien afirmó que «solo fortaleciendo las agremiaciones ganaderas locales podemos enfrentar los retos que vienen. Dios no quiera que esto termine en una confrontación de baja intensidad”.
Resuenan en el ambiente propuestas de engrandecer y ampliar el paramilitarismo para defender la desigual posesión de la tierra, al tiempo que crece la estigmatización contra el campesinado, estigmatización que en otros tiempos se tradujo en genocidio, desplazamientos y robo de tierras.
El negacionismo de FEDEGAN y Lafaurie desconoce que en junio pasado los campesinos fueron declarados por ley sujetos de derechos y esto significa que deben tener garantías para el acceso a la tierra.
2. Desnudar a los invisibles.
Los Char ya no son intocables como aseguró María Jimena Duzán en la edición pasada de su programa A Fondo. Y la justicia debe desnudar sus actos de corrupción, y desnudar también a otros “invisibles” e intocables, a toda la élite corrupta que ha expoliado las arcas sin ningún pudor.
La orden de captura dictada la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia contra el ex senador Arturo Char, miembro del clan más poderoso del Caribe y quizás de Colombia, se dio en medio de una investigación en su contra por presuntos hechos de corrupción electoral, compra de votos y concierto para delinquir.
Prácticas corruptas que le ha permitido al clan elegir senadores, representantes, quitar y poner autoridades locales y departamentales, manejar a discreción y sin ninguna transparencia los recursos del Atlántico en asocio con otros clanes y contratistas igualmente corruptos y cuestionados, consolidando las últimas dos décadas un poder económico y político en el departamento, y que se extiende al Caribe y Bogotá.
Recordemos que la familia Char es una de las 10 más ricas de Colombia, según la revista Forbes de 2020. Este poder económico (cuentan con su propio banco), les ha permitido aliarse con las administraciones Uribe, Santos y Duque, y asociarse con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras para cooptar el Estado y el Congreso a través del partido Cambio Radical.
Toda la maquinaria e ingeniería de la corrupción electoral de los Char en el Atlántico fue develada por la ex senadora Aída Merlano, quien presentó a la Corte Suprema pruebas que hoy parecen irrefutables.
La campaña mediática en contra de Merlano fue una cortina auspiciada por los Char para ocultar la compra de conciencias, la violación sistemática y calculada de la ley electoral y la acumulación fraudulenta de la inmensa fortuna a costa de los dineros públicos.
Toda la chequera que los Char han destinado para construir la imagen de la Barranquilla boyante, esconde también la triste realidad social de la capital del Atlántico, es una de las ciudades con más incidencia de pobreza monetaria según el DANE, es decir, su población tiene dificultades para acceder a alimentos, educación, salud, empleos y tener garantizada la seguridad (también es una de las ciudades más inseguras y violentas del país).
En en entramado aun no aparece Alex Char y todo el conglomerado familiar. Esperamos que este caso sea el inicio de una construcción política nueva y participativa para el Caribe, que saque la violencia y la corrupción de la política, que dignifique el ejercicio político y el servicio a la sociedad, un sagrado servicio a la ciudadanía por la ciudadanía.
La política no puede seguir siendo un acuerdo mafioso entre contratistas y élites para robarse los bienes de Colombia, y el Caribe debe liderar el mandato ciudadano por la transformación política y ética de la región.
Las redes de contratistas por lo general promueven el trasiego de las recursos públicos para financiar campañas electorales y para que los clanes acumulen riquezas mientras la inversión social es sacrificada.
La noticia sobre el caso de Arturo Char fue acompañada por otra del mismo rango: el ex senador Musa Besaile, perteneciente a uno de los clanes más poderosos de Córdoba, aceptó la semana pasado los cargos por corrupción en el manejo de recursos del departamento.
Besaile confesó ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia haber conformado y liderado un entramado de corrupción en alianza con el ex gobernador de Córdoba, Alejandro José Lyons.
Según la investigación en curso, Musa Besaile y Lyons se robaron $2.350 millones de pesos.
¿Tendrá Arturo Char y su clan la misma determinación de Musa Besaile al reconocer sus delitos? No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que los clanes políticos de la costa Caribe actúan bajo un mismo pelaje.
3. ¿Desarrollo para quién?
El pasado 5 de septiembre el observatorio ciudadano Cartagena Cómo Vamos entregó el último Informe de Calidad de Vida 2022 con indicadores del año pasado y cifras del primer semestre de 2023.
El informe subraya que existen elementos críticos que afectan la calidad de vida de la población en salud, educación, seguridad ciudadana y empleo entre los más significativos.
Durante la presentación del informe se celebró el panel Retos de ciudad para el nuevo Plan de Desarrollo con el objetivo de analizar los resultados del estudio de cara a las elecciones regionales de octubre.
El debate contó con la participación de la directora del observatorio Cartagena Cómo Vamos, Eliana Salas, el subdirector de Descentralización y Desarrollo Territorial (e) del Departamento de Planeación Nacional, Hugo Herrera, el investigador del Banco de la República, Jhorland Ayala, y la directora del Diario El Tiempo en el Caribe, Leidys Rivero, como moderadora.
En el panel apuntaron ideas que consideramos trascendentales para el debate. Hacemos una breve síntesis de ellas basadas en la reseña que del evento hicieran el Diario El Universal y El Tiempo:
– Las elecciones de octubre son decisivas para el desarrollo de Cartagena y la superación de los índices negativos señalados en el informe Cartagena Cómo Vamos.
– También decisivas para de toda la región entendiendo que se elegirán autoridades departamentales y municipales responsables en la ejecución de los planes de desarrollos territoriales.
– De elegirse administraciones con pensamientos contrarios al Gobierno nacional se dará una fuerte puja. Al respecto, Hugo Guerra declaró en entrevista con el diario El Universal que el ejercicio de Cartagena Cómo Vamos es importante porque “muestra a la ciudadanía cómo va la ciudad sin un sesgo ideológico sino con una base muy técnica, relacionada a los datos que dicen hacia dónde se debe dirigir la ciudad.
– Durante el panel, Guerra también recalcó la importancia de escuchar a todos los sectores de la ciudad para la formulación del Plan de Desarrollo 2024-2027 “con el fin de cubrir sus necesidades».
– El funcionario agregó que “muchas veces la persona que queda elegida realmente no conoce el territorio o tiene un programa que no corresponde con la ciudad. Quien llegue a la Alcaldía debe hacerlo sobre la base de las necesidades de la población».
– Eliana Salas resaltó que “la actualización de la estructura institucional es clave para la atención de los temas urgentes”, según reseñó El Universal. “En el Plan de Desarrollo tenemos que hablar de todas las problemáticas de ciudad, pero hay apuestas principales que se deben emprender. Lo que está directamente relacionado a la vida del cartagenero debe ser priorizado».
Movilizarce e influir sobre el Plan de Desarrollo que regirá los destinos de la región Caribe es un asunto de primera importancia para todos. Por ello, toda la ciudadanía debe partir de un ejercicio consciente y crítico, saber elegir a las autoridades para darle curso a los cambios que reclama el territorio.
4. Protestas y bloqueos
Las protestas y bloqueos de vías se ha convertido en la principal herramienta de lucha y reclamo de las comunidades del Caribe colombiano.
La semana pasada los diarios El Tiempo y El Universal de Cartagena reflejaron este panorama a partir de los datos aportados por la Asociación para la Gestión del Riesgo Empresarial de Bolívar (AGREM).
Según el reporte, durante los primeros seis meses del año se presentaron un total de 108 bloqueos en Cartagena y Bolívar que, en determinadas cuentas, afectaron la productividad de la zona industrial de Mamonal.
Entre los municipios con mayores bloqueos reportados destacan Turbaco, Mahates y San Juan de Nepomuceno. Calculan los empresarios que las horas muertas por efecto de los 47 bloqueos a la zona industrial de Mamonal durante los primeros seis meses del año son del orden de las 123 horas.
Según reportó El Universal las protestas en esta zona son cada día más frecuentes. La semana pasada, entre el 5 y 6 de septiembre, organizaciones sindicales lideraron un bloqueo para reclamar mejores condiciones de trabajo y seguridad social.
Las comunidades también han protestado en otras ocasiones para exigir contratos de mano de obra local.
Los gremios económicos, entre ellos AGREM, ANDI seccional Bolívar y Alianza Empresarial para un Comercio Seguro, se han quejado de los bloqueos y protestas porque interfieren el flujo normal del movimiento de mercancías y la movilidad de los trabajadores, es decir, afecta la acumulación de capital.
Javier Gómez, director ejecutivo de AGREM, gremio que agrupa 45 empresas del sector, alertó que los bloqueos les ha restado competitividad y ponen en riesgo de contaminación las cargas de alimentos.
Mientras la industria se queja por las pérdidas económicas, las comunidades y trabajadores no piden otra cosa que acceso al agua, salud, educación, seguridad ciudadana o trabajo digno.
5. Protestas en La Guajira y Atlántico
Si Cartagena y Bolívar se convirtieron en el territorio con más bloqueos registrados entre enero y julio, los departamentos del Atlántico y La Guajira le siguen el paso de cerca con 43 y 38 bloqueos respectivamente.
La semana pasada una nueva protesta se registró contra el Cerrejón en La Guajira. Comunidades wayuu de Puerto Bolívar bloquearon la salida del puerto carbonífero para exigir compensación a la multinacional carbonífera.
Lo que más destaca es lo siguiente: la multinacional evacuó vía aérea a los trabajadores directos, mientras que en las instalaciones permanecían sin salida más de 300 trabajadores de empresa contratistas. Responsabilidad empresarial le llaman.
En Atlántico, mientras tanto, continúan las protestas en contra de la empresa Aire. Residentes del sector Las Moras del municipio Soledad exigieron a Aire el arreglo del suministro del servicio eléctrico, que suma más de una semana sin fluido eléctrico.
Aire es una de las empresas peor valoradas por la ciudadanía de este departamento. Las últimas semanas las comunidades acumulan descontentos por suspensión o fallas del servicio, incremento del recibo de luz, entre otras fallas. Están incubando un hervidero social.
