Caribe Investigación
04-09-23
En la movida de la agenda pública del Caribe dos temáticas resaltan. La primera es la puesta en escena de la narcoparaeconomía; la segunda es la persistencia de las ciudades miseria, hambre y muerte en donde las ciudades del Caribe ocupan el primer lugar. Se sigue impulsando el extractivismo minero en La Guajira y a la vez se coloca en riesgo el decreto de emergencia económica, social y ambiental emitido por el gobierno del Pacto Histórico, habida cuenta del concepto negativo proferido por la Procuradora General de la Nación. Intereses poderosos operan detrás de la tragedia del pueblo guajiro.
1. La narcoparaeconomía.
La maquinaria paramilitar ha necesitado de la chequera del capital para su funcionamiento. Empresas nacionales y extranjeras se han beneficiado –y han sido partícipes- del terrorismo de Estado ejecutado en Colombia desde mediados del siglo pasado. En la región del Caribe colombiano incidieron en el exterminio y despojo del tejido social (procesos y movimientos sociales varios y diversos).
Ganaderos y latifundistas, empresas como Coca Cola, Postobón, Compañía Nacional de Chocolates, Chiquita Brands y la carbonera Drummond, por solo mencionar unos de los tantos casos, son ejemplo de la narcoparaeconomía al servicio de la acumulación violenta de capital.
En este contexto, el debate sobre el rol de la cementera Agros y la transnacional Drummond en la financiación de la violencia contra el Caribe, merece la atención de todo el país.
El caso de Argos salió a flote por las declaraciones dadas por el Presidente Gustavo Petro en el acto de entrega de 1.000 hectáreas de tierras a las víctimas de la masacre de El Salado, en el municipio de El Carmen de Bolívar, en la subregión de los Montes de María.
“¿Alguien, en algún lugar de la televisión nacional o de la prensa o de la discusión pública o del Congreso o partidos políticos, acaso dijo que lo que había hecho Argos en realidad era una expropiación a miles de campesinos?”, manifestó el presidente en el discurso del jueves.
Desde 2016 existen 22 sentencias contra Argos por las tierras de los Montes de María, todas ellas demuestran que más de 90 mil personas fueron desterradas por la acción violenta de los paramilitares en tan solo siete años (1997-2004). Y el principal beneficiario fue la cementera Argos.
Las tierras de las poblaciones desplazadas fueron adquiridas a precios de huevo. “Los campesinos afirmaron que el precio de compra era $300 mil la hectárea, pero luego esa misma tierra se vendió a $2 millones la hectárea o más”, contó El Espectador citando un informe de Superintendencia.
Todos los indicios apuntan en una dirección, se trató de una operación fraguada desde las altas esferas empresariales antioqueñas para apropiarse de las tierras de los campesinos de los Montes de María, y Argos no ha podido demostrar que sus tierras fueron adquiridas legal y legítimamente.
Las declaraciones del empresario Álvaro Echeverría, involucrado en la compra y venta de tierras según testimonio recogido por El Espectador, más que elocuentes reafirman la tesis del despojo. “Las compré porque Argos me pidió tierras, Invesa me pidió tierras, mucha gente me pidió tierras”, aseguró al diario.
Todo un negocio en torno a las tierras, cuyo objetivo principal era la acumulación de grandes sumas de dinero a costa del dolor, la muerte y el exterminio de poblaciones y comunidades.
Detrás de los paramilitares, luego de consumada las masacres y crímenes de todo tipo, llegaban los compradores de tierra. Es el método histórico, sangriento y violento, de concentrar las tierras y las propiedades de Colombia en manos de una minoría.
El ingrediente adicional de este modelo de narcoparaeconomía lo encontramos en una investigación de la Revista Raya. Carbón y cocaína para el mundo sería ideal como eslogan de este tema.
Basados en las declaraciones de Zulma Musso a la DEA, la revista revela cómo la ex jefa del ala narcotraficante de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Los Pachencas) estableció toda una red que utilizaba el puerto de la Drummond en el municipio de Ciénaga (Magdalena), para transportar cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
Según Musso, desde 2019 y con la participación de paramilitares, militares retirados y funcionarios públicos, los embarques de cocaína se hacían desde el puerto de la transnacional eludiendo los controles subacuáticos, previo soborno y/o amenaza a trabajadores de la Drummond.
Ganancia doble puesto que una tonelada de cocaína vale mucho más que una de carbón.
Aunque la empresa ha negado estos señalamientos, existen dos reportes de prensa citados por Revista Raya que dan cuenta del decomiso de cargamentos de drogas en embarcaciones de la trasnacional en el puerto mencionado, que se suman a la investigación de la DEA.
La credibilidad de Drummond, además, no suma ni un punto tomando en cuenta el financiamiento que la transnacional hizo al Bloque Norte de las AUC, que en cabeza del jefe paramilitar Jorge 40 cometió masacres y crímenes a favor de los intereses de la carbonera.
Vale la pena leer al detalle la investigación de la revista, además de los embarques de drogas indaga sobre la relación de Zulma Musso con el Clan Cotes, o de Los Pachencas con los Cotes. “Debido a la complicidad de las autoridades las pruebas para demostrar esa alianza están ocultas en las mismas instituciones del Estado”, puntualiza el medio.
2. Ciudades de miseria al servicio del capital.
Según informe reciente del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional, Cartagena es la novena ciudad con más homicidios en Colombia durante 2023, con 158 homicidios registrados desde enero hasta el 27 de agosto.
Este informe reviste gravedad para la sociedad caribeña puesto que marca una tendencia ascendente que, si se articula con otros problemas como el hambre, el desempleo o la prostitución infantil, lleva a concluir que la ciudad conlleva una alta carga de injusticia social.
El año pasado Cartagena se ubicó en el puesto 47 de las 50 ciudades más violentas del mundo, al registrar una tasa de 31,29 homicidios por cada 100 mil habitantes por los 403 casos que se presentaron durante el 2022, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México.
No deja de ser preocupante que para el mes de agosto se convierta en la tercera ciudad con más casos de sicariato (158), por detrás de Cali (409) y Bogotá (309). Barranquilla es otra de las ciudades del Caribe que encabeza la lista con 151 casos de sicariato (cuarto lugar).
Sucre también está en la mira de las estadísticas negativas. La ciudad de Sincelejo fue considerada la más costosa y con mayor informalidad laboral, según encuesta realizada por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), como reseña una nota de El Heraldo del 30 de agosto.
Estas dos situaciones pueden ser consideradas como bombas para todo el tejido social de esta ciudad. Los bajos ingresos, ausencia de garantías, protección y seguridad social caracteriza la economía de la capital de Sucre, lo que empeora los niveles de hambre dado también por los altos costos de los productos de primera necesidad como los alimentos, servicios y transporte.
Mientras que en el país el costo de la vida fue de 11,78 por ciento para el mes de julio, en Sincelejo fue de 13,41 por ciento.
La capital de Sucre sigue en primer lugar en cuanto a empleo informal con 70 por ciento, seguida de otras ciudades capitales de la región Caribe como Riohacha (63,9 %), Valledupar (63,3 %) y Santa Marta (62,9 %).
En Sincelejo, siete de cada 10 personas están en la informalidad laboral, un reflejo del desastre neoliberal de tres décadas, pero una oportunidad para transformar esta economía en una auténtica economía popular para la vida decente.
Por si fuera poca, en el Caribe sigue imperando la cultura de la destrucción producto de la lógica de acumulación del capital, que burla las definiciones ambientales sin considerar la vida. Es el caso del secretario de Planeación de Santa Marta, quien legalizó un proyecto que afecta al Parque Ecológico de Santa Marta, como informó El Tiempo el pasado 31 de agosto.
Existe un proyecto inmobiliario desde 2012 cuyo objetivo es desarrollar un conjunto habitacional en el cerro de una zona protegida por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en el Parque Ecológico Paz Verde de Santa Marta.
Sin tener en cuenta las restricciones impuestas por el POT y las recomendaciones ambientales realizadas por consultoras y líderes ambientales, pretenden imponer este proyecto antipopular y antivida.
El frenazo a este proyecto lo hizo la alcaldesa Virna Johnson al ordenar al Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad detener las obras y reparar los daños causados a la naturaleza.
Es una pugna lo que se presencia, ya que la oficina de planeación persiste en la legalización de la construcción de 454 casas en ese territorio protegido. No cabe duda de que el proyecto inmobiliario hace parte de una gran explotación del turismo. ¿Tiene afinidad el jefe de planeación con la empresa constructora?
Otro tema que empobrece y atormenta a los ciudadanos del Caribe es el alto costo de los servicios de energía. Como un abuso es catalogado el cobro de hasta tres millones de pesos por el cobro del servicio, lo que equivale a dejar sin alimentos por varios meses a familias enteras.
Escandaloso que ello suceda en viviendas consideradas de estrato 1, como informa El Espectador en una nota del pasado 27 de agosto.
Que el servicio de energía en el Caribe sea de los más caros en el país no es una sorpresa, pero escandaliza. Mientras en Bogotá el estrato 1 paga en promedio 36 mil pesos, una vivienda en Barranquilla paga 90 mil pesos.
Esta semana pobladores de los barrios del suroccidente de Barranquilla bloquearon las vías por los malos y altos costos del servicio de energía de la empresa Air-e. Adicionalmente se calculan más de 3 mil viviendas sin el suministro por las suspensiones hechas por la empresa.
También protestaron otras comunidades por el adelanto de procesos jurídicos de embargo por las deudas contraídas. Dicho de otra forma, según los protestantes, Air-e presta un mal servicio, cobra lo que le da la gana y al mismo tiempo adelanta la orden de embargo del bien.
Un escenario paupérrimo, con razón las protestas se han convertido en la principal herramienta de lucha de distintas comunidades de todo el Caribe.
3. En peligro decreto de emergencia.
Se puede percibir que desde los sectores de poder nacional preparan una avalancha de acciones políticas, jurídicas, mediáticas y de todo tipo para frenar la ejecución de la emergencia y decretos reglamentarios emitidos por el Gobierno nacional para superar la crisis humanitaria de La Guajira.
Las declaraciones de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, sobre la supuesta inconstitucionalidad del decreto de emergencia apunta en ese sentido, a pesar de que mil veces se ha diagnosticado la crisis y mil veces han negado su atención.
“Deja un sinsabor en la comunidad porque muy posiblemente los recursos que se estarían invirtiendo en diferentes sectores como respuesta al cumplimiento de la sentencia T 302 de 2017 sufrirán un revés”, aseguró el Diario del Norte en un editorial.
Efectivamente se corre el riesgo de perder la oportunidad de atacar a profundidad los males que inciden en la muerte por desnutrición de niños, falta de acceso al agua y miseria en general. El temor a los cambios y a perder privilegios es lo que motiva los ataques.
Otra noticia celebrada con bombos y platillos debe más bien preocuparnos. Se trata del nuevo hallazgo de gas encontrado en La Guajira por parte de la empresa canadiense de petróleos NG Energy.
Recordemos que el extractivismo ha causado una afectación ambiental e impacto al tejido social, una sistemática violación de los derechos humanos con un cuadro de víctimas sin respuesta ni protección del Estado, tal como se puede observar en la franja minera del centro del departamento del Cesar.
En conclusión, no podemos celebrar un nuevo yacimiento de gas en el Caribe si el trasfondo social, económico, ambiental y de derechos humanos sigue igual.
4. Las víctimas, los responsables
En el Cesar existen 800 solicitudes para búsquedas de personas desaparecidas. Esta zona se ha caracterizado por la alta conflictividad social y armada, con víctimas de ejecuciones extrajudiciales, masacres, desplazamientos, desapariciones forzadas, robo de tierras.
En esta región del Caribe existe un universo de 3.700 víctimas de desapariciones forzadas. De esta cifra el mayor número corresponde a Valledupar con 863, le sigue Aguachica (407), Codazzi (348), Curumaní (243), El Copey (236), La Jagua de Ibirico (193), San Alberto (185), Becerril (140).
El extractivismo minero y agrario en el Cesar ha ido de la mano de un “carrotanque de sangre” que expolia a comunidades de los territorios con tierras fértiles y abundancia de minerales. ¿Dónde están los responsables?
