Caribe Investigación
18-09-23
La semana que cierra fuertes tensiones se expresaron en el Caribe y Colombia sin que aun estén dibujadas con meridiana claridad. La incursión militar en la vereda El Manso, Tierralta (Córdoba); articulada con la carta emitida por José Félix Lafaurie, quien llamó a fortalecer las Brigadas Solidarias Ganaderas (paramilitarismo 2.0), la presunta violación del cese el fuego bilateral por parte del Ejército colombiano en dos hechos (Arauca y Bajo Cauca antioqueño) denunciados por el ELN, son síntomas alarmantes de un panorama hostil y poco esperanzador para la paz.
En el contexto nacional, varios hechos indican que estamos ante el impulso de un plan orquestado por la derecha oligárquica y/o señores de la guerra, cuyo objetivo principal es desestabilizar al gobierno y hacer fracasar los distintos procesos de paz que se están desarrollando, para negar los cambios estructurales que reclama el país, entre ellos la reforma agraria y la democratización en el acceso a la tierra.
1. Amazonia, vida en riesgo.
La Amazonia es un territorio olvidado, aislado y violentado sistemáticamente por corporaciones transnacionales que, a través de distintos proyectos extractivos, quieren adueñarse de este pulmón biodiverso, decisivo para la preservación de la vida.
Propicio entonces resaltar los datos del más reciente informe de la organización internacional Global Witness, que registra el asesinato de 177 defensores del ambiente en el mundo, de los cuales América Latina sigue ocupando el deshonroso primer lugar de las regiones más peligrosas para defender la biodiversidad y la tierra.
Y es que nueve de cada 10 asesinatos de defensores ocurrieron en países latinoamericanos. Colombia lidera la lista con 60 casos, casi el doble de lo reportado en 2021 (33 casos).
La población indígena fue la más afectada (64 casos), mientras que 39 casos letales se registraron en la Amazonia. En conclusión, el impacto mayor es para comunidades indígenas que milenariamente han ejercido el cuidado de la Amazonia, sus proyectos de vida y sobrevivencia corren peligro.
2. Persistir en la paz.
Lo que sucedió en Tierralta, Córdoba, es de extrema gravedad y puede ser catalogado como una operación de bandera falsa. La incursión de militares del Batallón de Infantería N.33 Batalla de Junín en la vereda Bocas del Manso, quienes anunciándose como disidencias de las FARC humillaron, vejaron y amenazaron de muerte a miembros de la comunidad es una acción llena de infamia y violatoria de los derechos humanos.
Utilizaron métodos arbitrarios y criminales propios de unas fuerzas armadas basadas en la doctrina del enemigo interno, fuerzas que se han teñido las manos de sangre a costa de poblaciones vulnerables e indefensas durante más seis décadas.
La ciudadanía y organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron sin cortapisas el atropello.
El presidente Petro fue enfático al señalar que “volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno”, no sin antes advertir que “quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares”.
Un inciso de contexto. La exhortación del Mandatario se dio durante el acto de reconocimiento a las víctimas del movimiento sindical por parte del Estado. Entre 1971 y 2023 fueron asesinados 3.295 sindicalistas en Colombia, lo cual nos coloca como la nación con más violaciones a los derechos sindicales en todo el continente.
El Ejército de Colombia no se llena de honor y gloria, se llena de sangre. Por eso Petro remató la intervención diciendo “ningún soldado se debe prestar otra vez para fusilar jovencitos y a matar campesinos”.
La agresión en Tierralta y la presunta violación del cese el fuego bilateral por parte del Ejército colombiano en dos hechos (Arauca y Bajo Cauca antioqueño), son síntomas alarmantes de un panorama hostil y poco esperanzador para la paz.
Todos estos hechos alimentan un debate de exigencia de cambio de la doctrina militar del enemigo interno, porque hemos tenido una fuerza pública que agrede sistemáticamente al pueblo, y también viola lo pactado con los grupos armados, lo cual pone en jaque la paz en los territorios.
¿Saboteo a la política de paz del Gobierno y a la voluntad de diálogo de las distintas organizaciones armadas?
Parece un saboteo soterrado. Mientras militares pisoteaban la dignidad de una comunidad, el comisionado de paz, Danilo Rueda, encabezó la Misión de Paz de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Puerto Nuevo (Magdalena), en la cual participaron voceros de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y la Iglesia.
Rueda aprovechó el acto para pedir a las ACSN y las AGC (Clan del Golfo) un cese al fuego entre ambas organizaciones para desescalar la violencia en el territorio, habida cuenta de la disputa que mantienen desde hace una década.
“Necesitamos un ambiente de paz. La masacre que se ha consumado semanas atrás en La Guajira, donde varios de integrantes de las ACSN fueron asesinados por las AGC puede alimentar un nuevo ciclo de violencia”, advirtió el comisionado.
En Magdalena, por cierto, por lo menos 28 candidatos han sido amenazados en el contexto de las elecciones de octubre. Un hervidero de la guerra.
3. Cuestión agraria, miedo al cambio y paramilitarismo.
El aumento de la fuerza paramilitar en casi todo el país, con mayor énfasis en los territorios donde fue nítida la victoria del Pacto histórico, y en lugares en donde además hay una tradición de lucha agraria, es indicativo de temores y obstáculos, ya históricos, de una clase política y económica reacia a permitir una reforma agraria.
Una minoría concentra 80 % de la tierra y el crecimiento del paramilitarismo se les presenta como un muro de contención para un país que exige democratizar la tierra.
El pasado 12 de septiembre, el escritor Ramón Jimeno escribió una columna en Las Dos Orillas que resume el anterior planteamiento: Los “propietarios tienen apego a sus propiedades y sienten que atropellan sus derechos, así les paguen. Pero deben entender que su modelo es ineficiente e injusto”.
Distribuir una parte de la tierra para que se convierta en propiedad social campesina y étnica, para servir a un plan nacional agrario que sustente un modelo de vida digna y auto suficiente, es una de las contradicciones más evidentes para los intereses de hacendados y terratenientes.
El afán por defender la propiedad privada de la tierra ha servido de combustible para el surgimiento del paramilitarismo; este último se convirtió en un ejército conducido por la cúpula oligárquica y transnacional del poder, protagonizó una de las páginas más bárbaras de la historia nacional.
El negacionismo de FEDEGAN y su oposición a la reforma agraria puede contribuir en la conformación de nuevas estructuras paramilitares en todo el país, pero también permear e influir en la opinión pública nacional y en las dinámicas sociales de territorios y comunidades urbanas.
La activación de las Brigadas Solidarias Ganaderas dejó de ser consigna y propaganda. La semana pasada protagonizaron el desalojo de una finca en el municipio de Codazzi.
Según información reseñada por Radio Guatapurí “después de la denuncia realizada por el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, el fin de semana fue desalojada la finca ‘El Toro’, que había sido invadida en la vereda Iberia, zona rural en el municipio de Agustín Codazzi, Cesar”.
Cabe aclarar que centenares de campesinos sin tierras del municipio de Codazzi habían tomado los predios de la mencionada finca porque es un bien administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y había sido entregado de manera ilegal al mayor (r) Javier Pimienta.
Como ha sucedido con otros bienes de la Nación se entregan a particulares violando el precepto constitucional que deben ser puesto a disposición social.
Está en curso una campaña que alienta el crecimiento del paramilitarismo, y se puede evidenciar en el departamento del Cesar tan solo revisando los titulares de prensa.
Existen hasta el momento seis alertas tempranas proferidas por la Defensoría del Pueblo, de las cuales, según el defensor del Pueblo del Cesar, José Hernández Peñaranda, “las autoridades no han prestado la atención necesaria a esta problemática que no solo sigue cobrando vidas, sino también expandiendo otros delitos».
El funcionario detalla que en seis municipios se ha fortalecido la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia: Codazzi, Pailitas, Astrea, Chimichagua, Valledupar y Tamalameque.
Igualmente se registran aumentos de la presencia de paramilitares en las ciudades principales del Caribe colombiano, y amenazas a líderes sociales y candidatos en el marco de las elecciones de octubre.
Están en marcha nuevos cócteles de la parapolítica. En el departamento de Sucre, el médico y defensor de Derechos Humanos y víctima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Juan David Díaz Chamorro, le solicitó al presidente Gustavo Petro atender el tema de las elecciones y la criminalidad.
En una misiva enviada al Presidente, Díaz Chamorro le recordó que fue él (Gustavo Petro) quien denunció la denominada parapolítica, y ahora le solicita “que se ponga al frente de esta situación para evitar que volvamos al pasado cuando se imponían candidaturas a costa de la vida de líderes sociales, candidatos de oposición y ciudadanía que se oponían a la expansión paramilitar”, según reseño el diario El Heraldo el pasado 13 de septiembre.
4. Las víctimas del Canal del Dique.
A finales del mes de agosto, comunidades y familiares de desaparecidos de la subregión Canal del Dique (Bolívar) conmemoraron el día de los desaparecidos con un acto masivo a orillas de la comunidad Calamar.
En el Canal yacen miles de líderes y pobladores asesinados por el terrorismo de Estado y su brazo ejecutor las AUC.
Fue uno de los eventos más conmovedores del día de los desaparecidos, que contó con la organización de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) regional Sucre y Bolívar y la Unidad de Víctimas Bolívar.
El acto tuvo un gran valor simbólico y espiritual ya que le permitió a los familiares de las víctimas reencontrarse por primera vez después de dos décadas.
El río Magdalena, además, fue reivindicado como lugar de vida en contraposición a la declaratoria de espacio de muerte como lo pretendió el paramilitarismo y el autoritarismo de Estado.
Que la memoria de las víctimas del Canal del Dique sirvan de inspiración para frenar la violencia paramilitar de hoy.
5. Pobreza energética en La Guajira.
Con desparpajo leemos en la prensa regional las declaraciones de Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, quien basado en el Informe de Índice Multidimensional de Pobreza Energética (Impe) reveló que la pobreza energética en La Guajira es superior a 70 %.
Según Rojas, citado por el Diario del Norte, “la pobreza energética se da cuando una persona u hogar no tiene la posibilidad de llevar un conjunto razonable de realizaciones humanas básicas que usan como medio alguna fuente de energía”.
En este sentido, Rojas añadió que “la pobreza energética en la zona rural remota es 11 veces mayor a la de grandes centros urbanos”.
La Guajira es uno de los departamentos con mayor pobreza energética a pesar de ser un territorio donde explotan yacimientos de gas que se distribuyen para el consumo nacional, donde explotan desde hace más de tres décadas ricos yacimientos de carbón.
Una aberración, enviar carbón al mundo mientras su nicho carece de luz. Riqueza de una región para disfrute de las transnacionales y empresas nacionales y para maldición de los guajiros.
