Caribe Investigación
02-10-23
Varios temas nos ocupan al cierre de esta semana: Las movilizaciones en respaldo a las reformas sociales que demanda el país, signadas por un amplio apoyo popular. El reconocimiento internacional que ha ganado Colombia por todas las iniciativas de paz acumuladas durante años, aunque sin éxito. La mafia se tomó la economía: además del narcotráfico, el paga diario se convirtió en un poderoso inyector de dinero y, a la vez, en un “esquema de esclavitud financiera”. La caída del Decreto de Emergencia de La Guajira es una canallada, una bofetada a los miles de wayuu que padecen una crisis humanitaria estructural.
1. La esclavitud financiera.
Un esquema de esclavitud financiera se ha establecido en el país, y en especial en Cartagena como reveló el diario El Universal en un reportaje publicado la semana pasada, titulado “Pagadiarios: así funciona en Cartagena el “negocio de las quincenas” por WhatsApp”.
El relato recoge con exactitud cómo funciona la estructura de esclavitud a la cual son sometidos millones de colombianos -y de caribeños-, en un contexto social tendiente a normalizar o naturalizar esta modalidad de crimen (usura) tipificado por la ley.
Uno de los entrevistados por el diario reconoció que “no es la mejor opción, pero para uno que es pobre, es la única alternativa”.
Contundente respuesta. Queda de manifiesto que para los pobres está vetado el servicio de crédito bancario del país. Y esto es lo que empuja a la mayoría empobrecida de Cartagena y Colombia a los criminales sistemas de paga diario bien sea en la modalidad semanal, quincenal o mensual con intereses de 20 por ciento y más.
Hoy, como precisa El Universal, esta maquinaria de explotación se ha perfeccionado hasta el punto de utilizar redes sociales y aplicaciones para publicidad y cobro a deudores.
Cómo opera la esclavitud
Uno de los testimonios recogidos por el reportaje es clave para comprender cómo funciona esta esclavitud: un prestamista, que por lo general trabaja para mafias, ofrece créditos al 20 por ciento de interés mensual.
“Yo presto $200.000 y como es al 20%, la persona tiene un mes para pagarlo. Eso quiere decir que debe entregarme $240.000 en total, $120.000 en una quincena y $120.000 en la otra”, explica una de las consultadas, que se identifica como prestamista independiente.
El uso de WhatsApp, además de la oportunidad de publicidad gratuita, le permite hoy a la mafia controlar a sus deudores, intimidarlos, exponerlos al escarnio sin necesidad de trasladarse hasta los hogares de los morosos.
Si la persona deudora no cancela en la fecha pactada, así sea por un día de retraso, le cobran un sobre interés adicional de 20 por ciento o una multa que se suma a la deuda. En estas condiciones es imposible que una persona pueda salir de una deuda.
Los paga diarios funcionan como una empresa y tienen su servicio de seguridad, es decir, una fuerza militar que, cuando el deudor no tiene medios para pagar, opera para presionar y garantizar por medio de la fuerza o intimidación el retorno del dinero prestado: si no hay dinero, incautan cualquier bien o matan a las personas.
Banca popular para una economía popular
El portal Las Dos Orillas también publicó un artículo relacionado con el tema: “¿La economía en manos de la mafia?”, titulan. En éste, su autor Fabián Fonseca asegura que la economía colombiana está secuestrada por la mafia, y para lograrlo hicieron lo que la banca privada jamás ha hecho: prestar dinero sin tantos trámites pero con una “exagerada tasa de usura”.
Asegura Fonseca que el sistema financiero colombiano “se convirtió en un lugar alejado, prohibido y de difícil acceso para la mayoría de colombianos, esos que no pueden acceder a los créditos y préstamos debido a que sus cuentas no tienen tantos activos como el dueño de la empresa o el gran magnate”.
Por eso los empobrecidos colombianos acuden a estos usureros, exponentes de la nueva esclavitud. En otro aparte agrega Fonseca: “prácticamente la ilegalidad se convirtió en el banco de aquellos colombianos que sin más remedio tuvieron que depender de los prestamistas clandestinos y de sus abusivas y violentas prácticas para poder tener un bien, de esos que infortunadamente son escasos en este país”.
El Gobierno de Petro abrió una ventana de créditos baratos para beneficiar a los pequeños empresarios. Esta medida es positiva pero insuficiente porque deja en manos de la banca la entrega de créditos para los sectores populares.
Hay que intentar otras medidas que vayan a la raíz del problema, conformando una banca auténticamente popular que garantice créditos suficientes, con bajo interés, con un control administrativo eficaz para evitar que esos dineros se cuelen o filtren al sistema de esclavitud financiera.
2. Los frutos de la “reapertura”.
Positivo ha sido el balance económico de la “reapertura” de las relaciones bilaterales con Venezuela, impulsada por los gobiernos de Petro y Maduro el año pasado, después de estar suspendidas durante las administraciones de Santos y Duque.
Durante la celebración de un evento en Caracas, autoridades colombianas destacaron que “casi el 100 %” de las exportaciones a Venezuela corresponden a productos y sectores no mineros “que son los que estarán presentes en las macro ruedas y con los que sabemos que hay oportunidades de fortalecer esa relación comercial bilateral”, reseñó una nota de prensa de la Presidencia de Colombia.
En la macro rueda de Caracas participaron más de 60 empresarios y empresas de las dos naciones hermanas.
De acuerdo con cifras del Dane, citadas por el Ministerio del Comercio, durante 2022 “las exportaciones de Colombia hacia Venezuela alcanzaron USD 632,2 millones, es decir 90,9 % más que en 2021. Y en el primer semestre de este año alcanzaron USD 359,2 millones, 4,9% más que en el mismo periodo del año pasado”.
En particular, unas de las decisiones más acertadas del gobierno colombiano fue la devolución administrativa de la agroquímica Monómeros al Estado venezolano, luego de estar secuestrada, saqueada y casi que rematada a una empresa estadounidense durante la administración Duque y con la anuencia de éste.
3. Movilización popular.
En la ciudad de Sincelejo, Sucre, se movilizaron más de 8 mil campesinos provenientes de toda la región Caribe en apoyo a las reformas sociales impulsadas por el Gobierno nacional.
Sin embargo, algunas comunidades campesinas como La Mojana no pudieron participar de esta multitudinaria movilización por problemas de transporte, el mal estado de las vías y el invierno.
Allí en esa ciudad, los campesinos, estudiantes, pobladores de los barrios populares y trabajadores agitaron las consignas “la Tierra es para quien la trabaja”, también y –como en el resto del país- se escucharon consignas de defensa de la vida y la paz. Y es que la Reforma Agraria significa paz y vida al mismo tiempo.
El director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, encabezó la marcha y en su discurso cuestionó la crítica que desde los sectores de la derecha esgrimieron en contra de los movimientos sociales y del gobierno.
“Se nos cuestiona que la gente se pueda transportar y tomarse un refrigerio. El derecho de la gente es a organizarce y nosotros los estamos acompañando para que interlocuten con el Gobierno”, puntualizó, mientras recordaba que el gobierno de Juan Manuel Santos apoyó las marchas a favor la Ley de Restitución de Tierras y de las víctimas del despojo.
El apoyo a las reformas sociales en el departamento de La Guajira también fue masivo. Participaron más de 6 mil personas (dirigentes sociales, campesinos, líderes indígenas, afrodescendientes, estudiantes), quienes abarrotaron la plaza José Prudencio Padilla de Riohacha.
Lo mismo se replicó en otras ciudades del Caribe como Cartagena, Barranquilla, Montería, Santa Marta y Valledupar.
Esto demuestra que el apoyo conseguido por el Pacto Histórico en el Caribe en las presidenciales de 2022, tiene el mismo fervor y horizonte un año después: la defensa de la vida y la paz, la exigencia de reformas sociales que garanticen una vida digna para los caribeños.
Aparte de las movilizaciones a favor del Gobierno y de las reformas, la semana pasada estuvo protagonizada por otras manifestaciones.
Por un lado, comunidades wayuu bloquearon la vía férrea de El Cerrejón para exigir el cumplimiento de la Sentencia T-704 de 2016.
Por otro lado, la comunidad de Arroyo de Piedra bloqueó la vía entre Barranquilla y Cartagena, en la autopista del Mar, para exigir servicios públicos esenciales, entre estas el agua.
Comunidades de La Guajira también cerraron cuatro puntos de vías en el departamento para protestar en contra del traslado de policías wayuu a zonas del conflicto armado.
Según información aportada por las comunidades, la Policía Nacional ordenó el traslado de un grupo a zonas del conflicto en Cauca y Guaviare. Líderes de la protesta recalcaron que esta decisión viola los acuerdos establecidos para evitar que sus hijos sean sacados del departamento a zonas donde se están produciendo las confrontaciones armadas.
4. Transición y comunidades energéticas.
El Gobierno dio a conocer cómo marcha la política de transición energética y las comunidades energéticas, según un informe citado por Valora Analitik el pasado 28 de septiembre.
Según el Ministerio del Interior los trámites de consulta previa para sacar adelante proyectos de energía eólica en La Guajira avanzan con importantes cifras.
Según la cartera existen 25 proyectos estratégicos para fomentar la transición energética y se dividen en tres grandes líneas. La primera es de la generación de energía con los parques eólicos con 15 proyectos donde intervienen 223 comunidades étnicas en procesos de consultas. La segunda línea está dedicada a la trasmisión de energía con 8 proyectos que abarcan 493 comunidades. La tercera comprende proyectos estratégicos de acceso que involucran a 17 comunidades.
Es decir, 732 comunidades son objeto de consultas previas y este es uno de los puntos de mayor reto para el Gobierno habida cuenta de los conflictos por manipulación ocasionados por el Ministerio del Interior durante la administración Duque y por transnacionales como la Enel Green Power.
También se presenta como una oportunidad para el diseño y conformación de comunidades energéticas. Lo acertado sería que éstas recojan las experiencias comunitarias y alternativas del resto del país, y se construyan a partir de las necesidades, aspiraciones, propuestas y cosmogonía de las comunidades wayuu, y no solo desde la visión del gobierno.
5. La caída del Decreto de Emergencia.
Al cierre de la presente edición, la Corte Constitucional tumbó el decreto 1085 del 2 de junio de 2023, que declaraba el estado de emergencia en La Guajira en el contexto de la crisis climática global -que afectará al departamento- y a la inocultable y estructural crisis humanitaria que padece el pueblo guajiro, en especial el wayuu.
La decisión de la Corte Constitucional tiene efectos diferidos por un año en lo que corresponde al tema del agua, pero tumba el decreto en su totalidad.
La Corte, léase bien, exhorta al Gobierno nacional y al Congreso de la República a adoptar medidas para superar “la grave crisis estructural que afecta la región”. Vaya canallada, una bofetada a los guajiros.
Desde el principio la procuradora Margarita Cabello, las empresas mineras y las EPS del departamento encabezaron una campaña de manipulación que, más que centrarse en el tema de la crisis humanitaria, giró en torno a sus mezquinos intereses de acumulación de capital y de oposición per se al Gobierno.
