Por: Laura M. Guerrero Acosta, Corresponsal de Comunikaribe.
El día 4 de agosto del presente año, en una decisión controversial e histórica, la Corte suprema de justicia ha emitido una orden de medida de aseguramiento preventivo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez; acción que ha dividido al país y la opinión pública, y en este artículo, te contamos los puntos más importantes que desencadenaron en la detención de uno de los personajes más importantes de la política en los últimos años.
Septiembre de 2014: el senador del polo democrático, Iván cepeda castro, acusa al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez de tener nexos con narcotraficantes y paramilitares en medio de un debate de control político, en el que se afirmó, que este habría sido el creador del bloque Metro de las Autodefensas en los años 90’ y, que en una hacienda de su propiedad, se habrían planeado algunos hechos delictivos que luego fueron perpetrados por estos grupos al margen de la ley; presentando como evidencias los testimonios de ex paramilitares, especialmente, el de Juan Guillermo Monsalve, condenado por paramilitarismo y quién cumple una pena de 40 años por su participación en dichos colectivos. Cabe recordar, que en ese momento el hermano del senador, Santiago Uribe, se encontraba privado de su libertad y encarando un juicio por la presunta conformación y financiamiento del grupo paramilitar llamado los doce apóstoles.
Luego de este debate, el expresidente y sus abogados, interponen una demanda ante la corte suprema de justicia acusando al senador Cepeda de presunta manipulación de testigos; asegurando que este, habría recorrido las cárceles colombianas en busca de ex paramilitares que sirvieran como testigos falsos para sustentar sus acusaciones en contra de Uribe Vélez. La demanda fue admitida por la corte suprema de justicia y se inicia una investigación que duraría varios años.
Febrero de 2018: los magistrados de la corte deciden cerrar el caso en contra del senador Iván Cepeda Castro por presunta manipulación de testigos, concluyendo que este, no excedió sus funciones como senador al recaudar los testimonios; y en cambio, se abre una investigación formal en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada y el abogado Diego Cadena por presunto fraude procesal y sobornos.
Junio de 2019: en una decisión histórica, la corte suprema de justicia llama por primera vez al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez a rendir indagatoria en el desarrollo de este caso, y junto a él, son llamados a declarar su abogado, y el representante Álvaro Hernán Prada.
Octubre de 2019: se lleva a cabo la diligencia de indagación en contra del expresidente Uribe.
Noviembre de 2019: se realizan las diligencias ante la corte suprema de justicia para escuchar al Representante Álvaro Hernán Prada y un interrogatorio por parte de la fiscalía al abogado Diego Cadena, quién está acusado de presuntamente ofrecer favores económicos y beneficios a ex paramilitares y sus familiares para que cambiaran o se retractaran las declaraciones que habían dado en contra del expresidente Uribe.
Julio de 2020: la fiscalía lleva a cabo una audiencia virtual en la que se imputan cargos al abogado Cadena por sobornos y manipulación de testigos, afirmando tener pruebas de que el abogado, abordó personalmente al ex paramilitar condenado Carlos Enrique Vélez con el fin de ofrecerle 200 millones de pesos para que declarara ante la corte suprema de justicia que el senador Cepeda le habría pedido que cambiara la versión que entregaría sobre el senador Uribe, hechos que se remontan al año 2017. La fiscalía solicita medida de aseguramiento para Cadena.
Agosto 2020: los magistrados de la Corte Suprema, en una decisión histórica, dictan medida de aseguramiento preventiva, consistente en detención domiciliaria en contra del Expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez, quién es acusado por esta entidad por los delitos de soborno y fraude procesal.
¿Qué pruebas existen en este caso?
De acuerdo a la información existente, se dice que entre las pruebas con las que cuenta la corte suprema de justicia, se encuentran 42 testimonios de ex paramilitares y sus familiares, quienes afirman haber sostenido reuniones con los abogados del expresidente Uribe, en el que se les ofrecieron beneficios económicos a cambio de grabar videos o enviar declaraciones escritas a la corte en favor del senador; que permitieran desmentir las acusaciones de Cepeda en su contra.
Además, de enviar declaraciones asegurando que Cepeda los habría presionado y ofrecido beneficios a cambio de testificar en contra del expresidente Uribe, versión que quedó descartada por la corte en el desarrollo de la investigación del caso.
Adicional a esto, la grabación en video de una reunión entre el abogado Diego Cadena y el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve en donde presuntamente se le ofrecen beneficios con el fin de cambiar la declaración inicial que este habría entregado y que vincula al expresidente con la conformación de grupos paramilitares.
Por otro lado, existen varias horas de grabación obtenidas por la corte a través de interceptaciones legales en el desarrollo de la investigación en contra de otro congresista, entre los números interceptados se encontraba uno que pertenecía al expresidente Uribe, y de lo que la policía judicial solo se percató luego de un mes de llevar a cabo estas operaciones.
El caso que ha dividido el país
Tomando en consideración, que es la primera vez en la historia en que un ente de justicia vincula formalmente a un expresidente a investigaciones por distintos delitos, era de esperarse que el caso estuviese lleno de controversias; especialmente, por parte de los acusados, entre las que se destacan que, tanto el expresidente, como los representantes de su partido, han asegurado en reiteradas oportunidades, que esta investigación está marcada con un tinte político.
Además, que se han llevado a cabo movilizaciones en apoyo al expresidente y, que cada vez que la corte debe tomar una decisión sobre este caso, el partido político del expresidente y algunos periodistas escriben artículos para distintos medios en favor del Senador Uribe, lo que ha sido interpretado por los magistrados de la corte como una forma de presión para que se tomen decisiones que favorezcan a Uribe Vélez; tanto así, que los presidentes de la rama judicial firmaron el día de ayer, una carta en la que solicitan a la ciudadanía respeto por las cortes y su independencia.
Por otro lado, la defensa del senador ha llevado a cabo esfuerzos infructuosos para que no sean tenidas en cuenta entre las pruebas, las horas de grabaciones de audios que al parecer demostrarían que el expresidente no solo tenía conocimiento de la comisión de estos delitos, sino que se valió de sus abogados para llevarlos a cabo.
¿Qué sigue ahora?
Luego de dictada la medida de aseguramiento, el expresidente y sus abogados tienen la opción de presentar un recurso ante la corte en contra de esta decisión y la cual, debe ser resuelta a la brevedad posible; en caso de ser interpuesto, le daría la opción al senador de enfrentar el juicio en libertad, o bien podría ratificar la medida de aseguramiento.
La corte suprema deberá continuar con la investigación y se llevarán a cabo las audiencias correspondientes en donde los magistrados presentarán las pruebas que podrán ser rebatidas por la defensa del senador; el proceso seguirá abierto hasta que se emita un fallo por parte de la corte.
