Por: Redacción ComuniKaribe. Fotografía de portada tomada del portal Colombia Informa.
Sí agosto dejó el horror de más de 10 masacres en todo el país, el mes de septiembre no será una excepción. El asesinato de Javier Ordóñez, quien fuera abogado y ciudadano residente en Bogotá, fue el caso que movilizó la indignación a las calles de Colombia para detener el asesinato y la brutalidad que desde hace décadas experimenta la población por la estructural degradación de la Policía Nacional. Pero, más que hablar de cifras para vergüenza de nuestra sociedad, buscaremos acercarnos a algunos elementos principales que denotan estas masacres en las que hemos sido testigos desde el 9 de septiembre en Bogotá y en distintas ciudades de Colombia.
El 9 de septiembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos y en Colombia la Policía Nacional conmemoró la fecha violando sistemáticamente los derechos humanos a la población civil: les negó el derecho a la vida, a la protesta social, a no ser desaparecido forzosamente, a no ser torturados, degradados, entre otros derechos. En el presente, hay documentado 14 homicidios de ciudadanos en las protestas a causa del uso indiscriminado de las armas por parte de la Policía Nacional[1]. Sin embargo, este dato puede aumentar si se tiene presente el desconocimiento generalizado de los desaparecidos, el allanamiento a residencias y todos los hechos ocurridos entre el 9 al 14 de septiembre de 2020, y del que aún no se tiene información.
Indudablemente, la protesta social ocasionó daños a la infraestructura física de los Comandos de Acción Inmediata (CAI), sistemas de transportes, vías, cajeros y diversas infraestructuras en las ciudades. No obstante, hay que ser claros, estos hechos no son comparables con las masacres perpetradas por la Policía Nacional a ciudadanos que participaban directamente en las manifestaciones, así como de transeúntes que no estaban vinculados con los actos de indignación social. Asimismo, los asesinatos que aún se encuentran en la impunidad han sido desdibujados por los medios masivos de información que orientan la discusión hacia el daño material ocasionado por la protesta social y ocultan la violación sistemática que ejerció la Policía Nacional.
¿Es primera vez que la Policía Nacional comete este tipo de violencia?
No. Entre 1932 y 1946, la Policía Nacional fue una fuerza disponible del Estado para realizar actos de identificación, persecución y eliminación de ciudadanos en la guerra bipartidista, tal fue el conflicto ideológico, territorial y político que se declaró estado de sitio a diferentes ciudades (incluyendo a Bogotá) para mantener la autoridad policial y la ‘estabilidad del Estado’. Si bien, el periodo considerado como La Violencia contiene un sustrato amplio de análisis[2], aquí solo resaltaremos la influencia de estos hechos como determinantes para entender la naturaleza militar y no civil de la Policía Nacional de Colombia. Hay que recordar que en ese mismo periodo, la Segunda Guerra Mundial dio continuidad a la guerra por la vía interna de los Estados-Nación, trasladando el problema del amigo-enemigo a la soberanía nacional de los países.
La confrontación entre el sistema capitalista y comunista, provocó que en muchos países de América del Sur se introdujera el proceso de creación, identificación y eliminación del enemigo interno[3], quienes fueron entendidos como la subversión guerrillera y cualquier persona, organización o movimiento que pusiera en peligro la ‘Estabilidad del Estado’ ante la posible llegada del Comunismo. La contrainsurgencia del Estado colombiano ubicó al enemigo en la zona rural, acrecentando el conflicto armado que criminalizó, asedió y asesinó a muchos campesinos, afros e indígenas que no estaban vinculados con la lucha armada, dados de baja como ejecuciones extrajudiciales para ganar la guerra en la estadística del conflicto armado interno. En efecto, este proceso se fue desplazando a las zonas urbanas, en el que diferentes organizaciones políticas, sindicales, juveniles, anarquistas, entre otras, serían consideradas enemigas.
Hoy no es extraño que el Estado colombiano defina a la protesta social como una estrategia organizada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), criminalizando a miles de jóvenes, ciudadanos y mujeres que salieron a las calles a denunciar el sistemático abuso de la Policía Nacional. Es aberrante que el Estado colombiano defina un enemigo para justificar la acción criminal, buscando eliminar cualquier posibilidad de oposición ciudadana ante el desgobierno que vive el país. Sin dudas, con la aparición de un enemigo, el Estado no acepta su responsabilidad ante los hechos, menos el perdón y reconciliación con las víctimas, sino que militariza las ciudades y aumenta la fuerza disponible de la Policía Nacional. Definitivamente, la naturaleza de la Policía Nacional no es salvaguardar a plenitud los derechos civiles, sino estar a disposición ante la Doctrina de Seguridad Nacional.
¿Qué sucede dentro de la Policía Nacional?
La Policía Nacional, como institución adscrita al Ministerio de Defensa de Colombia tiene una formación militar como fuerza disponible en la Doctrina de Seguridad Nacional, ese carácter ha perpetuado una jerarquización desigual entre las diferentes clases sociales colombianas[4]. Los CAIs, como mecanismo de vigilancia en el programa nacional de cuadrantes, ha posibilitado conocer en detalle la organización criminal en los barrios, y perpetuar a la institución en el micro trafico de estupefacientes y la corrupción; convirtiendo estos comandos en centros de tortura, violación sexual y homicidio a civiles que pueden poner en evidencia los procedimientos ilegales de la fuerza pública. Ciertamente, esta modalidad de seguridad no ha servido, ya que los actos delictivos a los ciudadanos ocurren por fuera de las residencias y la estación de policía se encuentra anclada al barrio sin poder garantizar seguridad ciudadana real.
En Colombia, este proceso de degradación alcanza hasta los grandes rangos del poder policial, en el que diferentes generales ascienden a sus posiciones al estar adscritos a narcotraficantes y senadores corruptos, viéndose obligados a ocultar toda masacre necesaria para el mantenimiento de la organización criminal. De modo que, las masacres ocurridas en agosto pasado poco o nada han avanzado en la justicia, verdad y reparación de las víctimas, pero sí en el establecimiento de un enemigo que justifique la violencia generalizada en el país. Indudablemente, los vídeos que ampliamente se difunden por Comunicadoras Independientes en el país ponen en evidencia el uso desproporcional e indiscriminado de las armas, que responsabiliza directamente a la institucionalidad policial. En grupos de 15 o 20 policías violentaban a manifestantes posterior a concluirse la movilización en alguna plaza central del país.
La violencia ejercida por la fuerza pública a la población civil ha provocado el debate público sobre la reestructuración de la Policía Nacional de Colombia. Entre las propuestas, se encuentran la de eliminar el concepto del enemigo interno, desplazar la Institución del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, hacer riguroso el proceso admisión a la Policía, tener formación en derechos humanos, alcanzar la educación superior para cada policía, entre otras iniciativas, que hasta el presente aún no han sido consideradas por el Gobierno Nacional. Igualmente, los hechos violentos dejan ver que en Colombia la fuerza pública no funciona por línea de mando, en el que constitucionalmente alcaldes, gobernadores y el presidente dirigen las acciones, sino, la organización criminal enraizada entre policías de bajos rangos en los CAIs y los generales adscritos a narcotraficantes y paramilitares, son los que dan las órdenes.
¿Qué le espera a la movilización social y a la ciudadanía?
Es muy claro que estos hechos de violencia ejercidos por la fuerza pública sobre la ciudadanía ponen en disputa la autoridad civil ante la policial[5]. Y en parte, el ejercicio de la movilización social debe defenderse como un derecho fundamental de la población, en el que la autoridad civil, el mandato del pueblo, tomé participación activa en la reestructuración de la Policía Nacional para establecer una institución que esté al servicio de la reconciliación y el goce efectivo de los derechos civiles del pueblo colombiano, y ese proceso de transformación solo será posible si seguimos movilizando la indignación en las calles y haciendo uso de nuestra autoridad.
Antes de terminar, es imperioso detallar la modalidad en que nefastamente fueron asesinados los ciudadanos en los últimos días y hacer una vinculación con la región Caribe colombiana al principio de este año:
En Bogotá: entre el 9 y 10 de septiembre fueron asesinadas 14 personas, incluyendo a Javier Ordóñez, entre las causas están el uso del taser y golpes contundentes, una bala perdida y disparos con armas de fuego. Las víctimas eran estudiantes, profesionales, taxistas, domiciliarios, trabajadores estacionarios, guardas de seguridad y un ciudadano de origen venezolano; con edades entre los 17 y los 45 años de edad.
En el Caribe: el 23 de abril, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) asesinó con arma de fuego a un joven de 17 años en el corregimiento de Casacará, Codazzi, Cesar. Igualmente, el 24 de agosto fue asesinado con arma de fuego un joven de 17 años en Cartagena, Bolívar. Además, el 5 de agosto fue asesinado Jhonnatan José López Jurado por la Policía Nacional en la ciudad de Santa Marta, Magdalena.
Estos son algunos de los crímenes policiales registrados, pero no existe certeza de la cifra real sobre la violación sistemática a los derechos humanos, debido a la intimidación y amenaza que ejerce la Policía Nacional para que no se materialicen las respectivas denuncias en áreas tanto rurales como urbanas.
La criminalización de la protesta social
[1] Temblores. (en prensa). Comunicado a la opinión pública y a la comunidad internacional sobre los hechos de violencia homicida cometidos por la Policía Nacional en Colombia. ONG Temblores. https://bit.ly/3hywCgf
[2] Fals, Borda., German, Guzmán., & Eduardo Umaña. (1986). La Violencia en Colombia. Tomo 1. Bogotá. Carlos Valencia Editores. https://bit.ly/32wbcvD
[3] Ahumada, Magda. (2007). El Enemigo Interno en Colombia. Ediciones Abya-Yala. Quito, Ecuador. https://bit.ly/35CL5Fr
[4] Petro, Gustavo. (en prensa). Masacre. Cuarto de Hora. https://bit.ly/32yfkLC
[5] VerdadAbierta. (en prensa). Al borde del estallido: protestas, brutalidad policial y golpe de facto. VerdadAbierta.com. https://bit.ly/3ixEvnl
Sugerencias:
Cerosetenta. (en prensa). Las (otras) muertes de la policía. Centro de Estudios de Periodismos de la Universidad de los Andes. https://bit.ly/3iyDb3t
Currea-Lugo, Víctor. (en prensa). De cómo la gente le perdió el miedo al abuso policial. Víctor de Currea-Lugo. https://bit.ly/2FBAuQ7
Currea-Lugo, Víctor. (en prensa). De policías e indicadores. Víctor de Currea-Lugo. https://bit.ly/2FmPm5j
Turkewitz, Julie. (en prensa). Protestas violentas estallan en Colombia después de que un hombre muere bajo custodia policial. The New York Times. https://nyti.ms/33stQEg
